miércoles, 12 de septiembre de 2012

ESTUDIO SOBRE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE PRUEBA.




Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención del Sistema Procesal  Penal Acusatorio es el Procedimiento denominado Suspensión Condicional del Proceso a Prueba, como un medio de simplificación o economía procesal y un medio de solución del conflicto penal logrando el orden y la paz social, siendo estos los objetivos principales mas no el de castigar, siendo el caso que es la misma Representación Social, el facultado por nuestra Carta Magna a perseguir el delito, quien en términos de los Códigos Adjetivos, ante casos que no impliquen mayor riesgo gravedad, solicitar al Poder judicial, la suspensión de un proceso penal en busca de una pronta solución que garantice desde costos procesales hasta la mas extensa reparación del daño, en donde es el propio indiciado quien propone los modos, términos  y condiciones para lograr un estado restitutivo que deberá cumplir salvo riesgo de continuar con la secuela procesal  y ser condenado a una pena privativa de libertad que de cualquier manera incluiría la reparación del daño. Lo importante, según la actual regulación, no es castigar sino resolver
De tal manera, que lo importante, según la actual regulación, no es castigar sino resolver el conflicto social que subyace a los delitos y dar soluciones satisfactorias a las necesidades de integración social que manifiestan los ofensores con su conducta y a quienes sufrieron daños por la comisión de aquellos
Así pues, refiriéndome exclusivamente al ordenamiento adjetivo Penal del Estado de México que en su artículo 121 regula la procedencia de la suspensión condicional del procedimiento a prueba se establece:
Artículo 121. En los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito que admita acuerdo reparatorio o que tenga una pena cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, procederá la suspensión condicional del proceso a prueba, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que el imputado no haya sido condenado por delito doloso;
II. Que no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba;
III. Pague la reparación del daño, la garantice a satisfacción de la víctima u ofendido o se apruebe el plan de reparación; y
IV. Que no exista oposición fundada del ministerio público o de la víctima u ofendido.
Queda claro que el legislador a efecto de considerar el tipo de conductas delictivas en las que podría operar la Suspensión Condicional del Proceso a Prueba, retoma la misma calificación que se utilizaba en el proceso anterior para determinar que delitos se consideraban graves o cuales no, en que casos el indiciado podía garantizar o caucionar su libertad para llevar un proceso o respecto los beneficios otorgados en las sentencias sea en suspensión o conmutación de pena, anteponiendo a tal circunstancia el requisito de cubrir la reparación del daño y que el indiciado para ser objeto de esta opción procesal tal como los criterios anteriores utilizados para determinar beneficios es que no haya sido condenado por delito doloso, es decir se continua con ese “deje” de oportunidad que se le da al primodelincuente, contemplando la causa de improcedencia de la existencia de un diverso  proceso a suspensión de prueba. Lo anterior nos permite afirmar que los fines de la suspensión del proceso a prueba son los siguientes:
a) E vitar la continuación de la persecución penal y la eventual imposición de una sanción punitiva al imputado que podría ocasionar que éste sufriera un proceso de estigmatización;
 b) atender los intereses de la víctima a quien se reparará el daño que le fue causado;
 c) racionalizar la intervención de la justicia penal logrando, por la evitación del trámite del proceso, ahorro de recursos estatales, la descongestión o descarga de casos tramitados y la concentración de los órganos del sistema penal en la persecución y juzgamiento de los delitos más graves; y,
d) lograr efectos preventivos especiales sobre el presunto infractor para hacer posible el fin de la reinserción social.
Los requisitos anteriores muestran que el instituto está diseñado para ser aplicado en casos de delitos menores y mediana gravedad y beneficiar a sujetos primo infractores o personas que no hayan manifestado con su conducta la intención o tendencia de cometer delitos. Se excluyen, en consecuencia, los casos de delitos graves y a las personas que tengan antecedentes penales de delitos dolosos o se hallen sujetos a prueba en virtud de otro proceso.
Mauricio Duce define así este instrumento procesal: “una salida alternativa al proceso en virtud de la cual se puede detener provisoriamente la persecución penal a favor de una persona imputada por un delito, quedando ella sometida, dentro de un determinado plazo, al cumplimiento de un conjunto de condiciones, impuestas por el juez de garantía, al término del cual –si son cumplidas estas condiciones de forma satisfactoria– se extingue la acción penal y si no lo son, o bien se vuelve a imputarle un nuevo delito, se revoca la medida reiniciándose la persecución penal”.
Si bien es cierto, se evita la  continuación de la persecución penal, no se evita de manera total la imposición de una “sanción” y la estigmatización social, pues el indiciado al aceptar responder a la reparación del daño obligándose con el Estado y con la victima u ofendido, dicho acto representa un acto de aceptación  hacia la imputación que se le formula, pues a pesar que su estatus jurídico queda como presunto infractor, este responde a la restitución de bienes afectados por una conducta delictiva, cuestión que nos llevara a enfrentarnos como litigantes defensores a indiciados que a pesar de existir elementos suficientes para acreditar su inocencia en una secuela de juicio oral preferirán  acatar esta aceptación de acusación y cubrir una reparación del daño tal vez indebida y evitar enfrentar un juicio oral por temor a una condenatoria que de todas maneras los obligaría a responder por esa restitución, por lo que esta figura de un “procedimiento abreviado” podría atentar en muchos casos con las finalidades del proceso acusatorio que es la defensa del inocente.
Por lo que respecta a la solicitud de la Suspensión Condicional del proceso, esta no procede de Oficio y no puede ser planteada por el Juez, tal como lo establece el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, esta procederá a solicitud del imputado o del ministerio público con acuerdo de aquél, por lo que en nuestro sistema legal tendremos que comenzar a acostumbrarnos a negociaciones al estilo de Estados Unidos para buscar el mejor acuerdo para el indiciado, siendo el momento oportuno para realizar la solicitud una vez que se haya emitido el Auto Vinculatorio, aunque puede formularse antes la petición. La presentación de la solicitud por parte del Ministerio Público implicará que éste ya valoró lo que resulta más conveniente para la víctima y el imputado, estimó que la suspensión del proceso es suficiente para evitar que no vuelva a cometer delitos y lograr su reinserción social y consideró lo que es más satisfactorio al sistema e incluso al trámite de su propio caso por el cúmulo de evidencia que posee. En otras legislaciones como la Argentina, es el indiciado el único que tiene legitimación para solicitar la Suspensión del proceso.
Como punto fundamental de la procedencia de la Suspensión Condicional del proceso lo representa el Plan de Reparación del daño que deberá ser planteado por el indiciado, este podrá consistir en un pago inmediato o en plazos quedando a criterio del juzgador aprobarlo o modificarlo, llamando especialmente la atención  lo señalado en el último párrafo del artículo 125 del Código multicitado en el sentido de que  la sola falta de recursos del imputado no podrá aducirse para rechazar la posibilidad de la suspensión condicional del proceso a prueba mas aún que existe un plazo para los efectos de la suspensión que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, tiempo en el cual el juez  podrá  determinará imponer al imputado una o varias condiciones tales como.
I. Residir en un lugar determinado;
II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;
III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas;
IV. Participar en programas para la prevención y tratamiento de adicciones;
V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez;
VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;
VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas;
VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;
 IX. Someterse a la vigilancia que determine el juez;
X. No poseer ni portar armas;
XI. No conducir vehículos;
XII. Abstenerse de viajar al extranjero;
XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario; y
XIV. Cualquier otra análoga que el juez estime conveniente.
Por lo que el cumplimiento de estas condiciones es obligatorio para que surte efectos la Suspensión o de lo contrario a petición del Ministerio Público, ofendido o victima, el Juez podrá revocar la suspensión y en su caso modificar o excusar de su cumplimiento por alguna causa fundada y motivada alguna condición.
Dice Vitale: “la suspensión del proceso penal a prueba, una vez cumplidos los recaudos legales, es un derecho que puede hacer valer el imputado frente al poder punitivo estatal. No se trata, entonces, de una mera facultad arbitraria del fiscal o del juez, ni tampoco de un simple ‘beneficio’ que el Estado acuerda a las personas sometidas a proceso, a título de ‘gracia’ o ‘favor’. Por el contrario, el cumplimiento de las condiciones legales comunes y propias de admisibilidad (que son expresión de las razones político-criminales tenidas en miras por la legislación) genera el deber estatal de suspender el proceso ante cualquier solicitud correctamente fundada en la ley”. Vitale, Gustavo L., La suspensión del proceso penal a prueba, segunda edición, Editores del Puerto, Argentina, 2004. p. 229.
Un punto importante, es la trascendencia y valor de la conformidad de la victima u ofendido para la procedencia de la suspensión del proceso, que en realidad puede ser escuchado en sus razones por el juzgador, aunque no es necesario su acuerdo para determinar la procedencia de esta .  En todos los casos el juez debe escuchar a la víctima, es un derecho de esta y una obligación de aquel, más aún cuando se oponga a la suspensión, y aunque no lo vincula su oposición, en su resolución debe señalar y argumentar el valor que ha atribuido a dicha opinión y las razones que lo llevaron a adoptarla. El parecer de la víctima no es definitivo para evitar que el juez decida la procedencia del instituto ya que este puede considerar la propuesta del imputado razonable o proporcional a las circunstancias del caso. 
Como último punto el hecho que se menciona que el imputado admita el hecho que se le atribuye y existan datos de la investigación que permitan corroborar su existencia para que pueda decretarse la procedencia de la suspensión, en el caso del Estado de México, el Código Adjetivo no lo establece textualmente como condición ni considero la existencia de una aceptación de tales alcances, pues por un lado queda claro la necesaria  existencia de elementos aunque sean mínimos del delito y la participación del  indiciado en este, surge precisamente una relación de vinculación hacia la conducta y su efecto, de ahí su pretensión de contribuir a la restauración del daño, pero no en un efecto de culpabilidad que atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia de que goza el imputado a pesar de que admita los hechos, ya que esta aceptación no implica una confesión o el reconocimiento de culpabilidad, de tal manera que la admisión de los hechos por parte del imputado no tendrá valor probatorio alguno, no podrá considerarse como confesión ni ser utilizada en su contra en caso de revocación de la suspensión y continuación de la secuela procesal., por tal   la solicitud de suspender el proceso “no implicará jamás una renuncia al derecho constitucional de la presunción de inocencia, que se mantiene inalterable hasta que exista una sentencia condenatoria firme, por lo que todas las medidas que se tomen serán impuestas a una persona jurídicamente inocente”. La figura de la suspensión de proceso se aplica a personas que son inocentes, es decir, que todavía no han sido declaradas culpables mediante sentencia firme y, debido a ello, durante el trámite o plazo de la suspensión debe tratarse al imputado como inocente, sin que se genere ningún tipo de identificación administrativa o registro de antecedentes penales.
Independientemente de lo anterior, y lejos de una visión jurídica y atendiendo a un factor psicológico-social de apreciación no hay que pasar desapercibido que esta aceptación de los hechos y responder a la reparación del daño lleva al gobernado a una posición de enjuiciamiento social, que lo podría llevar a la exclusión de sus círculos de convivencia así como afectación en sus relaciones laborales y comunitarias lo que se aleja en su totalidad del concepto de reinserción social.

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